Lo que está pasando mientras le Ley sigue su trámite parlamentario era lo previsible. Una Ley que todavía no está en funcionamiento y sobre la que ya se están haciendo públicas las maneras de evitarla. Y es más de lo de siempre. No se le pueden poner puertas al campo, porque más tarde o más temprano aparecerán maneras para saltarse esas puertas.

¿Lo peor? Que aunque no consigan su supuesto objetivo, nosotros tenemos cada vez menos libertades  y los gobiernos tendrán más herramientas cada vez menos democráticas para controlarnos.

De la ley Hadopi francesa ya he hablado antes. Parece que en caso de ser acusado de violar la ley de propiedad intelectual, Hadopi mediante, el hecho de no tener instalado o disponer de un servicio que proporcione «medidas de aseguramiento» supone un agravante. Y de eso se trata este servicio de Orange,es una «medida de aseguramiento». No me extrañaría que este agravante se introdujera en la ley como compensación a las telecos, que podrían así obtener un ingreso extra que pueda resarcirles en parte los gastos que supondrá controlar y desconectar a los usuarios «díscolos».

No hacen más que demostrarnos día a día que todo este entramado legal no pretende más que beneficiar económicamente a ciertos actores concretos y para nada beneficiar el bien común. Las telecos y la industria cultural siguen haciendo caja a base de leyes. Los gobiernos disponen cada vez de más herramientas de control social. Nosotros perdemos derechos y libertades. Y lo peor es que no se acaban de dar cuenta que todas sus leyes acabarán siendo en vano.

• Cierre de sitios web: la siniestra Sección Segunda, por Carlos Sánchez Almeida.
• Anteproyecto de Ley de economía sostenible | Disposición Final Primera, por Pedro J. Canut.
• Ley para pagar a los que nos sostienen, por Versvs.

Y después de entrar el contexto, el manifiesto.

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Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Por favor difunde este manifiesto en tu blog, Twitter, en redes sociales, en foros o imprímelo y repártelo.

En él se afirma que las restricciones al acceso a Internet “sólo pueden imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática”. Tales medidas sólo podrán adoptarse “respetando el principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad” y como resultado de un “procedimiento previo, justo e imparcial” que garantice “el derecho a ser escuchado” y “el derecho a una revisión judicial eficaz y en el momento oportuno”.

Resumiendo… nos la quieren colar. Esto no es más que un acuerdo previo, el texto de compromiso tiene aún que recibir el respaldo de los ministros y el pleno de la Eurocámara, pero es de esperar que estos pasos no sean más que simples trámites.

Más allá de las repercusiones en las telecomunicaciones, del apoyo implícito al modelo de derechos de autor defendido por gran parte de la industria cultural, es un torpedo directo a la línea de flotación de los principios democráticos: ya no hará falta una condena judicial para que el Estado privarnos de parte de nuestra libertad. Imaginen que ocurriera lo mismo con nuestro móvil o con nuestro correo postal.

Como siempre, nada mejor que recurrir al blog de Versvs para todo lo relacionado con esta sociedad de control en la que vivimos.

(*) Para los menos familiarizados con el habla canaria, leche de cacharro se dice de aquello que no vale para nada

Me ha hecho gracia la viñeta de Morgan de hoy en el Canarias 7, muy al hilo de temas de los que he venido hablando en este blog. Al menos en este caso es un juez el que tiene los mensajes y no una «autoridad competente».

En teoría, el Decreto Alfano pretende universalizar el derecho de réplica, llevándolo a los blogs y a la web, pero con la nada despreciable salvedad de que no es necesaria una condena judicial de difamación para multar con hasta 12.000 euros (lo que contempla la ley en casos de difamación de la prensa escrita) al autor de los comentarios correspondientes. Básicamente se trata de un nuevo intento de saltarse la presunción de inocencia y al poder judicial a la hora de declarar a una persona culpable, así como una nueva ley a medida para Internet (como si el derecho que pretende regular no fuera algo independiente del medio). Con una ley así, más de uno preferirá ejercer la autocensura antes de arriesgarse a ser obligado a pagar una multa, con evidentes consecuencias para la libertad de expresión.

Por ello, muchos bloggers italianos se declararon ayer en «huelga» y, en vez de publicar posts, enlazaron el Manifiesto por el Derecho a la Red, además de llevar a cabo una concentración en la Piazza Navona, en Roma.

La lógica lleva a pensar que esta ley, como en el caso francés, pueda ser tumbada por el Tribunal Constitucional de turno, pero la insistencia de cada vez más y más gobiernos europeos en recortar derechos y aumentar las medidas de control de la población no deberían de pasarse por alto a cualquier ciudadano. Es necesario que estos temas salgan a la luz y se obligue a los partidos a posicionarse claramente. No se comportan igual cuando de este tipo de asuntos depende su elección.

Para los que andan liados con el francés como yo, un interesante artículo, treinta años de (infructuosa añado yo) lucha contra la “piratería”: De la cassette audio à Hadopi, trente ans d’anti-piratage.

La pregunta es evidente: cómo llega el contenido de dicho correo desde el buzón de la representante local hasta las personas en TF1 que toman la decisión de despedirle. La representante local hizo llegar la misiva a la oficina de la ministra de cultura, Christine Albanel, que esta mañana ha reconocido una “fuga” en su departamento y ha sancionado con un mes de suspensión al “responsable”. Una medida que parece quedarse corta ante el despido del trabajador afectado. Así valoran la privacidad y los derechos de los votantes y representados en Francia hoy en día. Algo me dice que por estos lares la cosa no sería muy diferente.

Post original

Ya está hecho. La Asamblea Francesa aprobó ayer tarde la Ley Hadopi, más conocida por estas tierras como Ley Sarkozy, y cuya medida estrella es el corte de la conexión a Internet, tras varios avisos, a los usuarios que relicen descargas no autorizadas de contenidos bajo derechos de autor. Todo ello por una autoridad “competente”, la Hadopi (la alta autoridad para la difusión de las obras y la protección de los derechos en Internet, en su traducción al castellano), sin mediación judicial alguna.

Esto a pesar de los inconvenientes económicos planteados por los proveedores de Internet (un sobrecoste para los operadores que no tardaran en repercutir a los clientes), o la decisión la semana pasada del Parlamento Europeo de rechazar el corte de conexión como medida frente a las descargas no autorizadas.

Esto es en Francia, pero ya lo dice el refranero: cuando las barbas de tu vecino veas quemar, pon las tuyas a remojar. La posibilidad de controlar cada vez más lo que se hace en la Red es un caramelo que el gobierno no va a rechazar, más aún dando la imagen de que lo hace para “ayudar” a ciertos artistas que están locos por cobrarse los favores prestados.

Francia “ya ha caido”, Reino Unido parece que de momento no entrará al trapo, pero en una Europa, donde el recorte de derechos y libertades civiles está a la orden del día, basta que varios paises se pongan de acuerdo en una medida para que se propague como la pólvora por el resto del continente.