Mientras algunos dan pasos hacia adelante en el trato hacia los migrantes, el Estado Español no hace más que caminar para atrás. La última, multar con hasta 10.000 euros a quien acoja a una persona que no tenga los papeles en regla con el Estado. Mientras mirábamos horrorizados a Italia, no veíamos que en casa no se hacía nada por tomar un camino distinto, apoyando directivas vergonzosas y mirando hacia otro lado cuando la dura realidad llega a nuestras turísticas costas.
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Que vergüenza, intentar aplicar reglas a la solidaridad entre personas, trasladando el control normativo desde el estado a los solidarios es tremendamente depravado.
Realmente piensan que la gente pedirá papeles antes de ayudar?