Muchas veces te planteas si las decisiones políticas que se toman sobre un cierto tema son fruto del simple desconocimiento, del mal gobierno o del azar. Sobre todo cuando en un mismo tema te encuentras con decisiones contradictorias. La semana pasada publicaba El País que Microsoft ha “regalado” a la Guardia Civil una herramienta para compartir información para la lucha contra la difusión de pornografía infantil en Internet.
Microsoft es una empresa que desarrolla software privativo y como tal, los productos que hace dependen de su propia tecnología para funcionar, creando una dependencia inevitable. No hay posibilidades de escoger. Un software, que a priori es beneficioso tiene la contrapartida de ligar a quien lo usa a un empresa proveedora en particular. Y aquí entramos en el campo del tecnoimperialismo.
Como dice David de Ugarte en su contextopedia:
La soberanía de empresas, individuos y estados cada vez reside más en intangibles: el imaginario colectivo, el software que hace correr los ordenadores, el idioma en el que se desarrollan los debates y que lleva la cultura… [...]
Como en la peor fantasía ciberpunk el tecnoimperialismo ha demostrado no sólo voluntad, sino también capacidad para detener en seco una economía o un ejército foráneo que haya optado por su software,[...]
En España no parecen tener muy claro el tema en este sentido. Por un lado se desarrollan proyectos con estándares abiertos, lo que permite tener un control absoluto sobre ese proyecto, así como el desarrollo de industrias paralelas al mismo, caso del DNI electrónico. Por otro vemos noticias como la de este software de Microsoft. O la del nuevo borrador de la Ley de la Administración Electrónica, en el que ni siquiera se garantizan cosas como la interoperabilidad con los ciudadanos (se queda en garantizar un adecuado nivel), ni se asegura la no dependencia de un único proveedor. Ambas cosas tienen fácil solución. Basta con usar estándares abiertos, que garantizan que en cualquier sistema, cualquier proveedor, pueda desarrollar el software adecuado para interoperar con la administración.
El que piense que el tema del tecnoimperialismo carece de importancia o que en ningún caso se puede llegar al extremo de que un país pueda usar su propiedad sobre una tecnología para anular la soberanía de otro, que no se engañe. Ya ha pasado. Venezuela es un caso claro, en la lucha por el control de la empresa petrolera nacional, PDVSA, experiencia que le ha servidor para valorar el uso del software libre. También merece la pena ver el caso de la adopción de Linux en ministerios importantes en Alemania, una situación más cercana a la español en cuanto a la relación con los EEUU.
Los regalos pueden resultar apetitosos, pero al mismo tiempo estar envenenados. No sé si Evo Morales es consciente del problema que puede generar a su país su alianza con Microsoft para desarrollar la sociedad de la información en Bolivia.
En España no debemos quitar a este tema la importancia que tiene. La Ley de Administración Electrónica es una de las piezas claves sobre las que se va a construir la política de la administración española con respecto al software. Ahí también se decide que camino se tomará con respecto al tecnoimperialismo y sobre nuestra propia soberanía como Estado. No es un tema que se pueda pasar precisamente por alto.
Practicamente desde mi llegada a Barna estoy colaborando con Javier Linares y el proyecto conjunto Exprimiendo-Alquimia. Estamos todavía en los comienzos de esta colaboración, pero ya he podido participar en cosas como la ampliación de la web de Cultura Lliure, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya para difundir contenidos con un cierto grado de libertad (CreativeCommons basicamente) en catalán.