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El llamamiento, la semana pasada, de Federico Aguilera Klink a la desobediencia civil con respecto al asunto del puerto de Granadilla parece haber levantado ampollas entre algunos periodistas y políticos tinerfeños. Parece que estas personas, que deben considerarse los únicos posibles actores del desarrollo isleño, no acaban de entender que la ciudadanía utilicemos los medios a nuestro alcance para ejercer el derecho a interceder en los asuntos que nos afectan. La desobediencia civil es una de estas herramientas, y así lo expresa Aguilera Klink:

Como profesor universitario me interesa la capacidad de argumentar y razonar y me preocupa que un Gobierno no sea capaz de hacerlo adecuadamente ¿Por qué ocurre esto? ¡Cuánto tiempo y trabajo nos habríamos ahorrado si el Gobierno lo hubiera hecho! No se trata de ser más o menos desarrollista sino de argumentar con calidad para respetar a la gente y al entorno. El deterioro ambiental es una expresión, con frecuencia, del deterioro de la democracia. Por eso considero, de acuerdo con Emilio Alvarado, que la desobediencia civil es un acto de lealtad para con la democracia.

Podemos entrar en la discusión de si debemos de aceptar una decisión interesada y partidista, aunque esta haya sido tomada por un gobierno que ostenta una mayoría, y cuyas consecuencias no serán facilmente solucionables por posteriores mayorías que puedan haber desligitimado esta decisión (recuerden que prácticamente se pretende reducir nuestra voz a las urnas cada cuatro años, y cuatro años dan para muchas burradas). Yo estoy totalmente convencido de que no debemos aceptarla. Llendo más allá incluso, es nuestra obligación de buenos ciudadanos poner de nuestra parte todo lo posible para que, asuntos como estos, no prosperen.

Reproduzco el texto íntegro de la columna en la página de este post.

Desobediencia civil y lealtad democrática

Federico Aguilera Klink (*)

Me sorprende la facilidad y la rapidez con la que Francisco Pomares me encasilla, a pesar de su antigua simpatía por mí, con la etiqueta de antidesarrollista, sin que explique por qué me adjudica esa etiqueta. Le agradezco su desmarque de otros supuestos periodistas que sólo saben insultar pero no termino de entender el etiquetado.

Sugiere que, “probablemente, pago el peaje de ser el nombre más destacado del numeroso grupo que se opone a un modelo de desarrollo para Canarias basado en el crecimiento la oferta turística e infraestructuras públicas”. Sé que no soy el nombre más destacado pero entiendo que son ustedes, los periodistas, los que deciden, por razones que ignoro, que yo sea ese nombre. Siempre he afirmado en público que he aprendido mucho, sobre el Puerto de Granadilla, de otras personas que me han enseñado a entender los argumentos erróneos, e incluso falsos, sobre la supuesta saturación del Puerto de Santa Cruz, su supuesta incapacidad de ampliación y sobre la supuesta necesidad de construir el de Granadilla.

Ahora bien, ya que reconoce que somos muchos los que consideramos que no podemos basar el modelo de desarrollo en el crecimiento de la oferta turística, deberá reconocer, igualmente, que en ese grupo se encuentra el Gobierno de Canarias que aprobó la Moratoria Turística y el Modelo Canario de Desarrollo Sostenible. Por eso, considero que sus ideas sobre si estoy en el grupo del desarrollo sostenible, frente al de los que están en el grupo del crecimiento, digamos que, como mínimo, no están bien expresadas. Le diré, además, que aquí, en Canarias, es imposible el Desarrollo Sostenible, aunque el Gobierno lo defienda en el BOCA. Pero sí podemos hacer mucho, creando mucho empleo, en temas como la gestión de los residuos, la eficiencia energética, la gestión del agua y el transporte colectivo. Permítame que deje para otro momento la distinción entre crecimiento y desarrollo.

Considera un disparate mi cuestionamiento de Canarias como Región Ultraperiférica, pero tampoco me da argumentos. La noción de ultraperiferia no tiene nada que ver, desde mi punto de vista, con ciertas ventajas fiscales ni con la tradición histórica que usted menciona. He dicho en público muchas veces que la RIC es una buena idea pero su aplicación disparatada. La prueba es que muchos empresarios no saben en que gastarla, es decir, que no la necesitan. ¿Cómo es posible que Canarias sea una RUP y luego invierta en Cabo Verde más que un país como Italia? Por otro lado, considero que el clima y el paisaje son dos de los principales activos de Canarias. Y eso no lo digo yo, lo reconoce textualmente la Ponencia de Coalición Canaria titulada “Estrategia Económica y Desarrollo Sostenible. Actuaciones Sectoriales” (ojo, de nuevo al desarrollo sostenible) aprobada en su II Congreso celebrado en Abril de 2002 al afirmar en su página 85 “Canarias debe compatibilizar la evidente ventaja competitiva que reporta como recurso turístico nuestro paisaje y nuestro clima…”. Pero sí soy yo el que plantea que los costes de la insularidad pueden ser compensados por los beneficios que reporta el clima y el paisaje, de igual manera que “peninsularidad”, si se puede decir así, no es sinónimo de bajos costes ni de mejores oportunidades económicas. Dígaselo a Castilla-León, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, Baleares y no le digo ya al norte de Europa.

Por último, usted califica de “monumental torpeza” mi declaración sobre la desobediencia civil. No comparta su calificativo por, al menos, dos razones. La primera es que el Gobierno de Canarias todavía no ha dado ni un solo argumento razonable, desde mi punto de vista, que defienda la construcción del Puerto de Granadilla. Fíjese que llegó a declarar de Interés Público de primer orden la versión inicial del mismo, cuando no tenía otros argumentos, y ya vamos por la tercera versión reducida. ¿Cómo es posible declarar una infraestructura, con un tamaño determinado, de interés público y luego aceptar reducciones? ¿Qué es lo que era, entonces, de interés público? La democracia tiene que ver con argumentos honestos y de calidad y no sólo con votos. La mentira, aunque la vote la mayoría elegida en las urnas, es un fraude a la democracia.

En segundo lugar, entiendo que sus ideas sobre la desobediencia civil son poco claras. Greenpeace paralizó, la semana pasada, la construcción de un puerto en Murcia porque no se atenía a la legalidad y, al final, el Ministerio de Medio Ambiente ha decidido retirar el proyecto. Eso es desobediencia civil. Termino con algunos párrafos del texto de Emilio Alvarado Pérez, profesor de derecho de la Universidad Complutense, extraídos de su entrada “Desobediencia Civil” en el Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. “La desobediencia civil es un acto de lealtad para con una democracia dinámica que busca romper los mecanismos oligopólicos de fabricación de consensos (?) es evidente que no le debemos obediencia a un orden político en el que el gobierno vulnera los principios sobre los que se sostiene el Estado de Derecho…la desobediencia civil estaría legitimada cuando las mayorías de hoy tomaran decisiones lesivas e irreversibles para las mayorías del mañana o para las generaciones venideras, por ello, la defensa del medio ambiente, la promoción de nuevas reglas económicas internacionales, el pacifismo, el uso de la energía nuclear o la especulación inmobiliaria son terrenos propicios para el ejercicio de la desobediencia civil”.

Como profesor universitario me interesa la capacidad de argumentar y razonar y me preocupa que un Gobierno no sea capaz de hacerlo adecuadamente ¿Por qué ocurre esto? ¡Cuánto tiempo y trabajo nos habríamos ahorrado si el Gobierno lo hubiera hecho! No se trata de ser más o menos desarrollista sino de argumentar con calidad para respetar a la gente y al entorno. El deterioro ambiental es una expresión, con frecuencia, del deterioro de la democracia. Por eso considero, de acuerdo con Emilio Alvarado, que la desobediencia civil es un acto de lealtad para con la democracia.

* Catedrático de Economía Aplicada en la ULL